La Ley N° 5882/2017 de Gestión Integral de Pilas y Baterías de Uso Doméstico entró en vigencia en marzo del 2018, y presenta una reglamentación mucho más extensa y detallada que la anterior —Ley N° 3107/2006—. Al igual que la anterior, la nueva ley fija topes a las cantidades de cadmio, plomo y mercurio que pueden contener las pilas y baterías. Además de esto, extiende su ámbito de aplicación a baterías recargables, determina nuevas obligaciones para todos los involucrados, establece sanciones y nombra nuevas autoridades de aplicación. Sin embargo, aún no se han dictado las reglamentaciones pertinentes por parte de las instituciones responsables, que vendrían a reemplazar las disposiciones contrarias del Decreto 4926/2010 y la Resolución 970/2010 del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Mientras que la ley anterior señalaba al MIC como única autoridad de aplicación, la ley actual amplía las autoridades responsables:

• El MIC sigue encargado de velar por el cumplimiento de la ley en el proceso de importación, debiendo extender su intervención a los procesos de fabricación, ensamblado y comercialización, además de trabajar de manera coordinada con los Organismos del Sistema Nacional de Calidad, implementar el Registro de Fabricantes, Ensambladores e Importadores de Pilas y Baterías de Uso Doméstico -aún no implementado a la fecha- y establecer un sistema de licencias previas de importación;
• La Secretaría del Ambiente (SEAM) está a cargo de establecer mecanismos de regulación, control, monitoreo y fiscalización en cuanto al buen manejo y la protección del medio ambiente, siendo responsable de elaborar elPlan de Gestión Ambiental Integral de Pilas y Baterías -que aún sigue pendiente a pesar de la entrada en vigencia de la ley- y el Registro de Operadores para los procesos de reciclado, eliminación y disposición final de pilas y baterías;
• Las distintas Municipalidades deberán poner en marcha mecanismos de transporte, recolección, tratamiento y disposición final de pilas y baterías en sus jurisdicciones.

La ley establece asimismo nuevas obligaciones para todos los involucrados del sector privado, tanto para los fabricantes, ensambladores, importadores y comercializadores -que deberán garantizar y certificar que sus pilas y baterías se ajusten a la ley, proveyendo contenedores aptos para el acopio en los puntos de venta, poner las pilas y baterías a disposición de las Municipalidades, incluir advertencias acerca de la contaminación causada por el producto en sus campañas publicitarias, registrarse ante el MIC, entre otros-, como también para los usuarios -que deberán verificar el buen estado de las pilas y baterías al momento de adquirirlas, desecharlas solo en los puntos de acopio y no manipular la estructura o desarmar las pilas y baterías-.

Estando vigente la nueva ley, su cumplimiento es imperativo a pesar de no contar con las reglamentaciones pertinentes, especialmente teniendo en cuenta que el incumplimiento acarrea sanciones que van desde multa (de entre cincuenta a mil jornales mínimos diarios) a comiso de productos, cancelación del registro, prohibición de comercializar pilas y baterías y apercibimiento por escrito. Esto exige que las empresas involucradas en el comercio de pilas y baterías tengan bien presentes aquellas disposiciones operativas de la ley que ya son aplicables sin necesidad de reglamentación adicional.