The prestigious directory TheLegal500 Latin America (the Directory) has ranked Vouga Abogados as a Tier 1 firm in the areas of Corporate Law and M&A, Dispute Resolution and Environmental Law considering Vouga Abogados as one of the leading and most prestigious firms in the sector. The technical capabilities and legal knowledge of the firm have been highlighted, with particular emphasis on the fact that the firm has a “special capacity to adopt to the client's needs which makes Vouga the ideal business partner” in Paraguay.
Corporate and M&A: The board highlights the team's talent, creativity and responsiveness and praises its ability to resolve “unsuspected issues that may arise during the implementation of transactions. Moreover, it is noted that Vouga Abogados is “continuously involved in the most important transactional cases in Paraguay” such as advising Copetrol on the purchase of the operations of Petrobras' Paraguayan subsidiary; the transaction was closed for USD 400 million and is considered the largest private transaction in the country's history.
Dispute Resolution: Regarding this area, the Board of Directors mentions that Vouga Abogados is characterized by its “impeccable track record” and for being a firm to turn to when dealing with complex litigation and arbitration. The firm also stands out for its ability to resolve cases in the extrajudicial sphere and for its procedural competence in almost all areas of law.
Environmental Law: The Board of Directors underlines the “exceptionality” of the Firm in this practice area, highlighting the particularities of recent and innovative cases in which the Firm has provided advice. Finally, the synergy between this area and the Competition Law area is also highlighted.
On the rise: In addition, Vouga Advogados was ranked Tier 2 in 4 other practice areas: Banking and Finance, Tax, Labor and Intellectual Property.
Professionals: Some of the Firm's professionals were ranked among the best in their respective areas, such as:
Corporate Law and M&A
Leading Individuals
Rodolfo Vouga Muller
Next Generation Lawyers
Rodolfo G. Vouga Z.
Rising Stars
Carlos Vouga Z.
Banking and Finance Law
Leading Individuals
Cynthia Fatecha
Rodolfo Vouga Muller
Next Generation Lawyers
Rodolfo G. Vouga Z.
Rising Stars
Carlos Vouga Z.
Dispute Resolution
Leading Individuals
Mirtha Dos Santos
Next Generation Lawyers
Rodolfo G. Vouga Z.
Labor Law
Leading Individuals
Perla Alderete
Rising Stars
Walter D. Vera
Tax Law
Next Generation Lawyers
Andrés Vera
Environmental Law
Rising Stars
Marta Martinez
Intellectual Property
Rising Stars
Laura Lezcano
For more information on the news click on the following link:
El 26 de agosto de 2024, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (la “DNCP”) publicó en su portal la convocatoria de la Licitación Nº 3101 (la “Licitación”) convocada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (el “MOPC”) para el mejoramiento y duplicación de la Ruta PY 01 para el tramo Cuatro Mojones – Quiindy de 108 kilómetros de longitud (el “Proyecto”). El valor del Proyecto es de, aproximadamente, USD 445.000.000; y será ejecutado bajo la modalidad de Alianza Público Privada, conforme a la Ley N° 5102/13 y el Decreto Reglamentario N° 1467/2024.
Scope of the Project
The Project aims to improve and duplicate Highway PY 01 in the affected section, which is further divided into 18 functional sub-sections. The Project is divided into three phases: (i) the construction contract, which includes: rehabilitation works; opening of third lanes; tunnels; viaducts; bypasses; comprehensive improvement of the drainage system and signage throughout the mentioned section, among others (the “Works”); (ii) operation contract; and (iii) maintenance contract. In total, the Project will have a duration of 30 years.
Other aspects of the Project
Garantía de mantenimiento de oferta: La Licitación exige que los oferentes presenten una garantía de mantenimiento de la oferta por un valor de USD 12.000.000. La garantía de mantenimiento de la oferta podrá ser en forma de (i) depósito en cuenta, (ii) carta de crédito stand-by, (iii) fianza o aval bancario o (iv) póliza de seguro con cláusula a primer requerimiento emitida por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay.
Criterio de Adjudicación: El MOPC adjudicará el Proyecto al oferente que se ajuste sustancialmente a los requisitos y que ofrezca el menor PDI y cuya oferta sea considerada como “aceptable” en (i) la evaluación económica, (ii) evaluación de antecedentes administrativos y (iii) en la evaluación técnica.
Sociedad de Objeto Específico: El oferente que resulte adjudicado estará obligado a constituir una Sociedad de Objeto Específico (“SOE”) dentro de un plazo de 90 días desde la fecha en que la resolución de adjudicación quede firme. La SOE deberá ajustarse a ciertas determinaciones, tales como: (i) fijar domicilio social en la República del Paraguay, (ii) limitar el objeto social exclusivamente a la ejecución del Proyecto, (iii) constituir un directorio que deberá integrarse por mínimo 3 miembros titulares y (iv) contar con un capital social de USD 20.000.000 al momento de su constitución.
Fideicomiso PPP: Los fondos necesarios para cumplir con las obligaciones derivadas de los compromisos firmes y contingentes derivados del Proyecto serán administrados por un fideicomiso, administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) en un patrimonio separado, de conformidad con la Ley N° 921/96 de Negocios Fiduciarios. Por su parte, el Estado, en calidad de fideicomitente, actuará por medio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Remuneración: La remuneración podrá ser: (i) Pagos Diferidos de Inversión (PDI), (ii) Pagos por Disponibilidad (PPD), (iii) Pagos Vinculados al Tráfico (PVT). Además, el consorcio adjudicado también tendrá derecho a percibir ingresos en concepto de (iv) Explotación de la Franja de Dominio. Es importante mencionar que el contrato podrá ser cedido a terceros con autorización del MOPC.
Plazo de ejecución de las Obras: 3 años, desde la orden de inicio.
Periodo de validez de ofertas: 180 días calendario contados desde la fecha límite de presentación de las ofertas.
Periodo de validez de las garantías de mantenimiento de oferta: 180 días contados desde la presentación de las ofertas.
Participación en la Licitación: Podrán participar de la Licitación solo las empresas que resultaron precalificadas.
Subcontratación y Cesión: La subcontratación está permitida para la ejecución de algunos trabajos previstos, tales como: el diseño de ingeniería, la ejecución total o parcial de las obras, las labores de conservación y mantenimiento de la Ruta PY 01, y las tareas de recaudación de peajes. Los subcontratistas deberán formalizar y registrar sus contratos ante el MOPC antes de iniciar los trabajos.
Fechas relevantes en relación con el Proyecto:
Fecha límite de consultas: 15 de noviembre de 2024.
Fecha de entrega de ofertas: 18 de diciembre de 2024.
Fecha de presentación de ofertas: 18 de diciembre de 2024.
Estas fechas pueden estar sujetas a cambios, de acuerdo con el criterio del MOPC.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), emitió la Resolución N° 672/2024 (la “Resolución”) de fecha 14 de agosto de 2024, a través de la cual estableció un nuevo reglamento para el procedimiento sancionador de los sumarios administrativos el (“Reglamento”) y deroga el reglamento anterior del 2018 y sus ampliaciones.
A continuación, un resumen respecto al contenido, los cambios y las implicancias del nuevo reglamento que se encuentra como anexo de la Resolución:
Establece el objetivo del reglamento, que es regular el procedimiento sancionador para sumarios administrativos relacionados con infracciones laborales, de seguridad social y de salud ocupacional.
Define el ámbito de aplicación del reglamento, incluyendo a todos los sujetos que se rigen por las disposiciones laborales y de seguridad social.
Establece los principios que rigen el procedimiento, como el debido proceso y el derecho a la defensa.
Define los términos como debido proceso, infracción, resolución, entre otros.
Describe las etapas del procedimiento sancionador: actuaciones previas, etapa inicial, etapa de tramitación y etapa final.
Detalla el proceso de inicio del sumario administrativo, que se da tras la constatación de un incumplimiento.
Establece que el sumario debe ser instruido por un Juez Instructor designado.
Indica que el Juez Instructor debe garantizar el respeto al debido proceso y a los derechos del sumariado.
Establece el plazo para la presentación de alegatos por parte del sumariado.
Describe el periodo probatorio, donde se pueden presentar pruebas y testimonios.
Permite la ampliación del plazo probatorio en ciertas circunstancias.
Establece que el Juez Instructor debe emitir un dictamen conclusivo recomendando la sanción o el sobreseimiento.
Detalla el contenido que debe tener el dictamen conclusivo.
Indica que el dictamen debe ser elevado a la máxima autoridad del MTESS para la resolución final.
Establece el plazo para la resolución definitiva tras la recepción del dictamen.
Define las medidas de mejor proveer que pueden ser ordenadas por el Juez Instructor.
Establece las condiciones bajo las cuales se puede ampliar el plazo del periodo probatorio.
Indica que el sumariado puede presentar alegatos dentro de un plazo específico tras la notificación del cierre del periodo probatorio.
Establece que el Juez Instructor debe notificar las providencias en un plazo determinado.
Describe las herramientas tecnológicas que se implementarán en el procedimiento sancionador.
Establece la responsabilidad de los funcionarios que incumplen sus obligaciones en el proceso.
Indica que no se admitirá la recusación del Juez Instructor, pero este debe excusarse en caso de existir causales de recusación.
Establece el plazo razonable para el desarrollo del sumario administrativo, que no debe exceder cuatro meses.
Detalla las disposiciones finales y la vigencia del reglamento.
Indica que el reglamento entra en vigor a partir de su publicación.
Establece que se derogan todas las disposiciones que se opongan a este reglamento.
Cabe destacar los siguientes aspectos del Reglamento:
Designación de Jueces Instructores
Uno de los elementos fundamentales de la resolución es la designación de jueces instructores, que son los responsables de llevar adelante el sumario administrativo. Se establece que para cada caso se designará un juez instructor titular y un suplente, siendo el titular el encargado de conducir el trámite del sumario desde su inicio hasta su conclusión.
Inicio del Procedimiento Sancionador
El procedimiento sancionador se inicia formalmente con la emisión de una providencia por parte del juez instructor, quien notifica al sumariado sobre las infracciones imputadas. Se estipula que la notificación debe ser clara y detallada, incluyendo la descripción de las faltas, las pruebas que las sustentan, y el plazo en el cual el sumariado debe presentar su descargo.
El descargo y la fase de investigación
Una vez notificado, el sumariado tiene un plazo de 05 días hábiles, prorrogables por 05 días hábiles más a pedido de parte, para presentar su descargo. Si el sumariado no presenta su descargo en el plazo establecido, el juez instructor procederá con el trámite del sumario, basándose en las pruebas presentadas inicialmente.
Durante esta fase, el juez instructor tiene la facultad de realizar todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. Esto incluye la posibilidad de solicitar informes adicionales, realizar inspecciones, y recabar testimonios de testigos.
Allanamiento
La resolución prevé la figura del allanamiento, que ocurre cuando el sumariado cuando el sumariado acepta las imputaciones y se somete voluntariamente a la sanción que determine la autoridad. Si el allanamiento es total, el Juez Instructor declarará la cuestión como «puro derecho», lo que significa que ya no es necesario realizar pruebas adicionales. En este caso, se procederá directamente a la emisión de un dictamen conclusivo, que será elevado a la Máxima Autoridad del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para la decisión final.
En caso de un allanamiento parcial, solo los hechos controvertidos, es decir, aquellos no reconocidos por el sumariado, serán objeto de prueba en la etapa probatoria del sumario. Esto agiliza el proceso al centrarse únicamente en los aspectos en disputa.
Falta de presentación del descargo
Si el sumariado no presenta su descargo el juez instructor continuará con las siguientes etapas del sumario administrativo. Si lo considera pertinente, podrá diligenciar pruebas de oficio; de lo contrario, dictará providencia de autos para resolver el caso con base en las pruebas disponibles.
Providencia de Autos
La providencia de autos se emite cuando: 1) El sumariado se allana totalmente; 2) Se ha declarado la cuestión de puro derecho; y, 3) Se han presentado los alegatos o ha vencido el plazo para hacerlo.
Una vez emitida esta providencia, el Juez tiene un plazo específico para presentar un dictamen conclusivo que será revisado por la Máxima Autoridad del MTESS.
Excepciones e incidentes
La resolución también contempla la posibilidad de que el sumariado presente excepciones o incidentes durante el proceso. Las excepciones se deben presentar junto con el descargo inicial, mientras que los incidentes son cuestiones que pueden surgir durante el transcurso del sumario y deben presentarse dentro de un plazo de tres días hábiles desde que se tiene conocimiento del hecho que los motiva.
Estas excepciones e incidentes serán analizados y recomendados por el juez instructor en su dictamen conclusivo, pero la decisión final corresponde a la Máxima Autoridad del MTESS.
Alegatos Finales
Una vez concluida la fase de investigación, se abre el periodo para que las partes presenten sus alegatos finales. Este es un paso esencial, ya que permite que tanto la parte acusadora como el sumariado expongan sus argumentos finales antes de que se dicte una resolución. Los alegatos deben ser presentados por escrito y se incorporan al expediente del sumario.
Dictamen Conclusivo
El dictamen conclusivo es el documento emitido por el Juez Instructor que recomienda la imposición de una sanción o el sobreseimiento (liberación de cargos) del sumariado. Este dictamen debe ser elaborado dentro de un plazo de diez días hábiles a partir de la providencia de autos para resolver. El dictamen, junto con el expediente sumarial, se eleva a la Máxima Autoridad del MTESS, quien tomará la decisión final, pudiendo apartarse del dictamen del Juez Instructor si encuentra méritos para hacerlo.
Resolución Definitiva
La Resolución Definitiva es el acto final del proceso, emitido por la Máxima Autoridad del MTESS. En esta resolución, se aplica la sanción correspondiente o se decide el sobreseimiento del sumariado. Es importante destacar que la opinión del Juez Instructor, aunque influente, no es vinculante; la autoridad superior tiene la potestad de decidir en base a su criterio.
Recurso de apelación
El l recurso de apelación es el único mecanismo disponible para impugnar la Resolución Definitiva dictada por la Máxima Autoridad Institucional del MTESS. Este recurso debe ser interpuesto dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución, conforme al artículo 398 del Código Laboral.
El recurso debe ser presentado por escrito y debe contener los fundamentos de hecho y de derecho en los que se basa la impugnación. Además, debe incluir cualquier prueba adicional que se considere relevante para el caso. Una vez presentado, la autoridad competente debe remitir el expediente al órgano superior para su revisión.
Juicio ejecutivo
Cuando la Resolución Definitiva que impone una multa se vuelve firme, se convierte en un título ejecutivo. Esto significa que tiene la misma fuerza que un título de crédito, lo que permite al MTESS ejecutar la resolución a través de un procedimiento judicial.
El MTESS, representado por sus abogados, tiene un plazo de treinta días hábiles para iniciar el proceso de ejecución de la multa en sede judicial. Este trámite se realiza ante el juzgado competente y se basa en la resolución firme como documento base para la demanda ejecutiva.
El procedimiento judicial de ejecución se realiza conforme a las normas del proceso ejecutivo. El juzgado competente ordena el embargo de bienes del infractor si este no cumple con el pago voluntario de la multa impuesta. El sumariado puede oponerse al juicio ejecutivo solo en casos muy específicos, como la falta de firma de la resolución o la prescripción de la acción.
Notificaciones
Las notificaciones deben realizarse dentro de los diez días hábiles desde que se dictó la resolución. Entre las resoluciones que requieren notificación están la resolución de instrucción del sumario (que inicia el proceso), la apertura de la causa a prueba, el cierre del periodo probatorio, la presentación de alegatos, y la providencia de autos para resolver.
Las notificaciones se realizarán preferentemente por cédula o de manera personal en el domicilio constituido por el sumariado. Este método asegura que la parte notificada reciba directamente la información sobre el proceso, lo que es crucial para la garantía del debido proceso.
Si el sumariado ha declarado un correo electrónico válido, algunas notificaciones, como las relacionadas con la apertura de la causa a prueba y el cierre del periodo probatorio, pueden realizarse por este medio. La validez de estas notificaciones electrónicas está condicionada a la confirmación de recepción por parte del sumariado.
Si el sumariado no ha declarado un correo electrónico válido, las notificaciones de ciertos actos procesales se harán automáticamente los martes y jueves en la Secretaría del Juzgado. El sumariado debe estar atento a estas fechas, ya que la falta de comparecencia podría permitir que el proceso continúe sin su conocimiento, resultando en una resolución desfavorable sin su defensa.
Plazo del sumario
El proceso debe concluir en un plazo razonable, generalmente no mayor a cuatro meses desde la resolución inicial hasta la notificación final. Factores como la complejidad del caso y la actividad procesal del sumariado determinan la adecuación de este plazo.
En situaciones excepcionales, el Juez Instructor puede solicitar una prórroga del plazo, que debe ser fundamentada y aprobada por la Máxima Autoridad del MTESS. Justificación de la Extensión: Esta medida asegura un análisis profundo de casos complejos sin comprometer la calidad del proceso.
Aclaratorias
Los errores materiales u omisiones en resoluciones pueden corregirse mediante una aclaratoria, que debe solicitarse dentro de las 48 horas siguientes a la notificación.
Este contenido tiene únicamente fines informativos generales y no debe ser considerado como asesoría legal puntual. Si precisa asesoramiento específico no dude en contactarnos.
Recently, Banco Atlas and Banco Familiar announced the initiation of a merger process between both entities, which started with the execution of key agreements setting the grounds for the transaction. The merger also involves the subsidiaries Atlas S.A. de Seguros, Atlas Casa de Bolsa S.A., and Atlas Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A. on one side, and Familiar Seguros S.A., Familiar Casa de Bolsa S.A., and Familiar Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A. on the other side.
This merger represents the largest and most significant M&A transaction in Paraguay in 2024, resulting in the creation of a new entity, Banco Atlas Familiar, which will become one of the largest banks in the market. The new bank will have total assets exceeding USD 2.7 billion, a net equity of USD 320 million, and a loan portfolio amounting to USD 1.92 billion. The transaction, which sets a historic milestone for the broader market, is subject to regulatory approval.
Vouga Abogados advised Banco Atlas S.A., Atlas S.A. de Seguros, Atlas Casa de Bolsa S.A., Atlas Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A., and their shareholders in structuring this innovative transaction. The advised covered areas such as banking law, capital markets, insurance, corporate, transactional, regulatory, tax, competition law, among others. Our assistance also included drafting and negotiating the transaction agreements, as well as planning the subsequent steps in this process.
This significant and complex transaction involves a multi-layered merger, including the merger of two banks, two insurance companies, two brokerage firms, and two investment fund management firms. The completion of the transaction will require the fulfillment of certain conditions and the approvals from multiple regulators. Unlike previous precedents where financial institutions were absorbed without forming a new entity, this transaction is a landmark case as it leads to the creation of a new entity.
Vouga’s team is led by partners Rodolfo G. Vouga Zuccolillo and Cynthia Fatecha, along with senior associates Cecilia Vera, Andrés Vera, and Horacio Sánchez. We expect to involve additional associates from the firm in the upcoming stages of this pivotal transaction. Jorge Vera has participated as in-house counsel for Banco Atlas, while Banco Familiar and its subsidiaries were represented by the team from Fiorio Cardozo & Alvarado Law Firm, consisting of Juan Bautista Fiorio, Bruno Fiorio, and Jean Saavedra.
Recientemente, a través del Dictamen N° 12/2024 La Dirección General De Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales (“DGPEJBF”) se pronunció respecto del uso de la firma electrónica cualificada en documentos de índole societario y la posibilidad de mantener un registro 100% digital de los libros societarios.
Los principales puntos de la resolución son:
Firma electrónica cualificada en actas: Se acepta el uso de la firma electrónica cualificada para suscribir los libros societarios, reconociendo su validez jurídica equivalente a la firma manuscrita de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la Ley N° 6822/21.
Libros societarios 100% digitales: Se permite que los libros societarios sean llevados de manera digital, sin necesidad de mantener una copia en formato físico, siempre respetando la obligatoriedad de que los mismos estén debidamente rubricados por Registros Públicos y cuenten con su foliatura correspondiente, garantizando la correlación de los documentos.
Conservación de documentos electrónicos: Se deberá cumplir con las siguientes condiciones para la conservación de los documentos electrónicos:
Accesibilidad: Que la información que contenga sea accesible para su ulterior consulta;
Autenticidad: Que el documento sea conservado con el formato en que fue generado, enviado o recibido o con algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la información generada, enviada o recibida;
Conservación: Que se conserve, de haber alguno, todo dato que permita determinar el origen y el destino del documento y la fecha y hora en que fue enviado o recibido.
Fechas de firma posterior a la asamblea: Se podrán firmar electrónicamente dentro de los cinco días posteriores a la celebración de la asamblea, siempre que se utilice la firma electrónica cualificada que permita verificar la fecha y hora de esta.
Asambleas virtuales: Se reafirma que las sociedades no pueden celebrar asambleas ni reuniones de directorio por medios telemáticos, salvo por lo establecido en la Ley N° 6480/2020 y su Decreto reglamentario N° 3998/2020 en lo que respecta a las Empresas por Acciones Simplificadas (EAS).
Articles 306 and 308 of the Annex to Decree No. 4672/2005 ("Customs Code Regulations"), which regulates Law No. 2421/2004 ("Customs Code"), regarding on-board supply and supply in bonded warehouses, were amended.
June 25, 2024
General Resolution No. 13/2024
The National Directorate of Tax Revenues ("DNIT") designated a group of taxpayers as new withholding agents for Business Income Tax ("IRE") and Value Added Tax ("VAT").
June 28, 2024
Binding Consultation
The DNIT issued an opinion on the tax treatment of repurchase agreements.
June 2024
Binding Consultation
The DNIT ruled on the taxation of VAT and IRE on contractual fines.
April 2024
Binding Consultation
The DNIT ruled on the source criterion of the Non-Resident Income Tax ("INR") for services rendered from abroad to a shipping company.
April 2024
More Information:
► Decree No. 1952/2024 - Articles 306 and 308 of the Customs Code Regulations, concerning the declaration of goods and provisions on board, and supplies in bonded warehouses, respectively, were amended.
By means of Decree No. 1952/2024, the Executive Branch amended Articles 306 and 308 of the Customs Code Regulations and repealed Decree No. 2436/2014 ("Previous Amendment"), which previously amended both articles. According to Article 306, the consumption of goods constituting provisions on board and supplies in a means of transport on an international voyage and within the customs territory, shall not be subject to the payment of customs import duties. This consumption must be within the quantities authorized by the customs authority.
The new text of Article 306, like its previous amendment, benefits all international means of transport, including those under the Paraguayan flag. Where the new text differs from the previous amendment is that now the economic restrictions or prohibitions (import quotas or licenses, etc.) provided for in Articles 325 to 328 of the Customs Code, which were previously indicated as not applicable to this case, are excluded from the benefit.
Article 308 deals with supplies in bonded warehouses, both for (1) the importation of spare parts and accessories of means of transportation on international voyages and (2) the loading on board of liquid fuel and lubricants. With respect to spare parts, there have been no changes concerning the previous amendment, since the exception to the economic restrictions and prohibitions is maintained, as well as the inappropriateness of the payment of taxes for their importation, if they are intended for the repair of the means of transportation on an international trip.
With regard to the loading on board of fuels and lubricants supplied in bonded warehouses, the most important change introduced by Decree No. 1952/2024 can be noted. Although the import tax exemptions are maintained, on a reciprocal basis, for the supply on board of means of transport in international voyages, it is now indicated that this is subject to economic and non-economic import restrictions or prohibitions; in addition, the explicit monopoly of Petróleos Paraguayos ("Pertropar"), provided for in the previous amendment, has been replaced by the following requirements:
Storage warehouses must-have storage tanks exclusively for this regime and loading docks, duly authorized by the DNIT and by the Ministry of Industry and Commerce.
The physical storage tanks must have a minimum capacity of sixteen million liters (16,000,000L) or sixteen thousand cubic meters (16,000 m³) and be exclusively for onboard supply.
It is worth mentioning that, according to several local fuel emblems, this new text of Article 308 is the renewed version of Petropar's previous monopoly since only this state-owned oil company would have an exclusive tank for the regime with the required capacity for it. That monopoly was declared unconstitutional at the time by Agreement and Ruling No. 684/2019 of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, so the renewal of this has generated discontent in the fuel sector. So much so that, less than a month after the decree was issued, the Shell emblem announced its possible exit from the country due to this legislative measure.
► General Resolution No. 13/2024 - DNIT designated new taxpayers as IRE and VAT withholding agents.
By means of General Resolution No. 13/2024 (the "Resolution"), the DNIT has designated a group of 28 taxpayers as new withholding agents, both for VAT and IRE. These designations are in accordance with the provisions of Article 240 of Law No. 125/1991, which empowers the Tax Administration to designate withholding agents to those taxpayers that, due to their activities, are involved in operations in which the withholding of the tax is pertinent.
In this regard, the DNIT has proceeded ex officio to register the VAT and IRE withholding obligations in the Marangatu system of the designated taxpayers, which are obligation 725 - Income Tax Withholdings (IRE/IRP/INR Withholding), and obligation 221 - Value Added Tax Withholding (VAT Withholding).
The Resolution entered into force on July 1st of this year; the date from which taxpayers designated as withholding agents shall withhold IRE and VAT in accordance with the articles of the decrees that regulate such taxes, which are mainly Article 88 of the Annex to Decree No. 3182/2019 and article 38 of the Annex to Decree No. 3107/2019, among others.
Regarding this, the designated withholding agents must issue the withholding vouchers through the Tesakã software, to generate the virtual withholding voucher. For both taxes, the settlement is made through a proforma made available by the DNIT. In the case of IRE withholdings, form No. 525, Income Tax Withholding Settlement, Version 1 is used; while for VAT, form No. 122, "Value Added Tax Withholding Settlement" is used.
The 2 forms mentioned above are issued monthly at the end of each tax period, and taxpayers have the first 6 calendar days of the following month to verify and confirm the forms, which will be automatically confirmed if the taxpayers do not confirm the withholdings within that period. On the other hand, the payment of the withholdings may be made without surcharges up to 1 day after the expiration of the term for their confirmation, i.e., up to the 7th day of the month following the month in which the withholdings were made.
If you wish to consult the list of taxpayers that have been designated as withholding agents, you may do so in the annex to the resolution by here.
► Answer to binding consultation on the tax treatment of repurchase agreements carried out by banking entities.
In response to a binding consultation issued in June of this year, the DNIT established its position on the tax treatment to be given to repo or repo transactions carried out by a banking entity.
The consultant described that the repurchase agreement is a type of agreement widely used in the financial and banking markets, normally between a financial entity and an investor, where one of these parties acquires securities from the other (such as bonds, shares or other financial instruments), with the explicit commitment to sell them back at a specific price and on a specific date in the future. In this sense, within the operation foreseen by the Central Bank of Paraguay, there are 3 types of repurchase agreements:
Horizontal Repo: When two banking or financial institutions ("Participants") carry out repo transactions with each other through the Paraguayan Payments System (SIPAP).
Vertical Repo: When the repo transaction is carried out by a Participant with the Central Bank of Paraguay ("BCP").
Tripartite Repo: When the operation is carried out between Participants through the BCP, which acts as the intermediary, who carries out a different operation with each Participant:
A vertical repo with the liquidity demander (seller of the securities).
A deposit in the BCP with the liquidity provider.
In this regard, the consultation made by the bank was whether repurchase transactions are exempt from VAT, based on the provisions of Article 100, paragraph 1, subparagraphs a) and b) of Law No. 6380/2019 ("Tax Law"), which establishes that the sale of foreign currency and public and private securities are exempt, including the sale of shares or quotas of companies, as well as the assignment of credits.
About this consultation, the DNIT confirmed that repurchase transactions, in all their modalities, are effectively exempt from VAT payment, since this is expressly established by the Tax Law in the aforementioned article and paragraphs. However, it also pointed out that the commissions received for the intermediation of such operations (for example, stock brokerage operations carried out by brokerage firms) are subject to VAT and must be invoiced at the rate of 10%.
► Response to binding consultation on the taxation of VAT and IRE to contractual fines. .Response to binding consultation on the taxation of VAT and IRE to contractual fines..
In response issued to a binding consultation during April of this year, the DNIT expressed its criteria on the taxation of VAT and IRE on income received or paid by a taxpayer as a fine or penalty for breach of contract, especially about the non-delivery on time of the products object of the sale and purchase (grains).
In this regard, the DNIT defined the penalty clause as an institute that provides an incentive for the conduct due by the debtor of the obligation, that is, the specific performance of its obligation, formulated and conditioned to the existence of a main stipulation, to which a penalty is applied in case of non-compliance.
Taking this definition into account, the DNIT understood that the contractual fine does not constitute a sale of goods, provision of services or importation, and therefore does not fall within the VAT generating events provided for in article 80 of the Tax Law, thus deducing that the objective element or factual assumption of VAT does not occur in this case. Consequently, the income generated by such concept must be recorded in the exempt column of the respective invoicing.
On the IRE side, the DNIT indicated that the penalties and fines charged for breach of contract derive from a principal obligation that is developed within the scope of commercial operations carried out with its grain suppliers, which constitutes an increase in equity for the company, so that they constitute income taxed by the IRE, under Article 8, paragraph 11, of the Tax Law, which qualifies as taxable gross income the increase in equity produced in the year, unless it comes from activities not taxed or exempted from tax.
Finally, the DNIT clarified that interest or surcharges that may arise from the financing of monetary obligations are subject to VAT, in which case the taxable amount of the tax would be the amount of interest, surcharges, commissions and any other concept other than the amortization of the principal payable by the borrower or debtor, accrued until the maturity of the obligation.
With this pronouncement, the DNIT confirmed the criterion that its predecessor, the Undersecretariat of State for Taxation, had upheld in 2013, which had been applied peacefully by all taxpayers and tax advisors.
set forth its position on the tax treatment to be given to repo or repurchase transactions carried out by a banking entity.
The consultant describes that the repurchase agreement is a type of agreement widely used in the financial and banking markets, normally between a financial entity and an investor, where one of these parties acquires securities from the other (such as bonds, shares or other financial instruments), with the explicit commitment to sell them back at a specific price and on a specific date in the future. In this sense, within the operation foreseen by the Central Bank of Paraguay, there are 3 types of repurchase agreements:
where the Tax Administration was asked whether the income received or paid as fines or penalties for breach of contract, especially those related to the non-delivery on time of the products object of the sale, constitute income not subject to Value Added Tax (VAT), and therefore, the same should be invoiced in the "exempt" column, having about VAT the merely documentary effect and not affecting the VAT tax liquidation.
► Response to binding consultation on the INR source criterion for services rendered from abroad to a shipping company.
In response to a binding consultation issued in April of this year, the DNIT established its position on the INR source criterion for payments for services rendered from abroad (Argentina) to a Paraguayan shipping company for customs, prefecture, health ministry and other entities and authorities related to navigation and foreign trade in that country, as well as logistic coordination of loading and unloading operations in the different ports.
The DNIT stated in this regard that, if only Article 73, paragraph 11 of the Tax Law were considered, then the payments made by the taxpayer to its non-resident service provider for the services rendered in Argentina would be subject to INR. However, Article 2 of General Resolution No. 62/2020 modifies this scenario by clarifying that when the service rendered abroad is used or taken advantage of exclusively outside the country, the amount paid is not subject to INR.
In this context, the DNIT concluded that the income obtained by the foreign company for management services rendered entirely in Argentina and which are related to the business of its Paraguayan client (river freights) are not subject to INR, since the service is used and exploited exclusively in Argentina, a situation that rules out the application of the tax.
On August 5, 2024, Law 7299/2024 (“Law 7299”) was published in edition number 154 of the Official Gazette, introducing significant modifications to Law No. 3009/2006 on the Production and Independent Transport of Electric Energy (PTIEE) (“Law 3009/2006”). The amendments affect several key articles, including articles 3, 4, 5, 12, 13, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, and 34, among which the following modifications stand out:
Main Modifications
Article 3 – Definitions
Hydraulic Electric Generation: The preferential rights for the use of hydraulic resources for electricity generation have been expanded from 2MW to 50MW. The National Electricity Administration (ANDE) must now compete on equal terms with private entities in energy generation projects with capacities between 1MW and 49MW.
Minor Hydraulic Generation: The maximum power limit for being considered minor hydraulic generation is increased from 2MW to 50MW, aligning with the previous definition.
Independent Electric Energy Producer and/or Transporter (PTIEE): Those who sign a Minor Hydroelectric Generation contract with the competent authority or are awarded a contract for electric generation will be considered PTIEE. The previous definition included those who signed a License Contract for independent energy generation and/or transportation or a Shared Risk Contract with ANDE.
License: The new definition of License also includes the activity of electric energy transportation, whereas the previous one limited the License to energy generation.
Article 4 – Authority of Application
Law 7299 designates the Vice Ministry of Mines and Energy as the new authority of application, replacing the National Council of Independent Energy Production and Transport (CONAPTIE).
Article 5 – License
Under the new wording, Licenses will be granted to projects using natural gas and Minor Hydroelectric Generation. Previously, Licenses were granted to projects that included wind, solar, biomass energy, among other forms of unconventional energy.
Article 12 – Public biddig
Hydraulic Electric Generation projects with plants of more than 50MW will be awarded through public tender. For projects proposed through private initiatives, the application must be submitted directly to the Authority of Application, indicating whether the energy generation is for export or the domestic market. If the energy is for export, ANDE will have a preferential purchase option.
Article 26 – Fees
A 1% fee will be applied to transactions carried out by both the Licensee and the awardee of a Hydraulic Electric Generation contract.
A fee of 100 minimum daily wages (approximately US$ 1,500) is introduced for License applicants and 500 minimum daily wages (approximately US$ 7,400) for the application of Hydraulic Electric Generation contract tenders.
PTIEE promoters of hydroelectric projects must pay the royalty for the use of hydraulic resources according to Law No. 3239/2007 'On the Water Resources of Paraguay'.
A 0.50% fee is established on the transactions of the Licensees or Awardees, presenting a sworn declaration of annual income.
Article 33 – Dispute Resolution
Law 7299 stipulates that disputes arising from contracts under Law 3009/2006 will be resolved by the civil and commercial courts of the Capital of the Republic of Paraguay. Previously, article 33 provided for arbitration under the Conciliation and Arbitration Rules of the International Chamber of Commerce in Paris.
For the full text of Law 7299, please visit the following link: Official Gazette 154
The credit rating agency Moody's raised Paraguay's credit rating from Ba1 to Baa3, achieving investment grade for the first time. In this way, Paraguay joins the select group of countries in the region that have achieved the long-awaited "investment grade", including Chile, Colombia, Mexico, Peru, Panama and Uruguay.1.
The investment grade represents a significant achievement for Paraguay and reflects key factors that positioned it favorably. Among them, the country's sustained economic growth, its resilience and economic diversification, as well as the implementation of institutional reforms that have strengthened governance. In addition, exchange rate stability and effective management of international reserves contributed to the country's strong external position. This achievement will not only benefit Paraguay in terms of financing costs and attraction of local and foreign investments, but also positions the country in the international market and spotlight, recognizing it as one of the countries with the lowest risk in the region.
The Ministry of Economy and Finance (MEF) has highlighted that:
“"Obtaining investment grade reflects the economic and financial strength of the country, as well as its ability to meet its financial obligations. This rating implies a reduction in credit risk, which facilitates a decrease in the cost of sovereign financing. In addition, it allows the expansion of the investor base and the possibility of also reducing the cost of financing for companies."".
The challenge now lies in maintaining and improving the rating obtained, and continuing to demonstrate to the international community that Paraguay is a reliable country to invest in.
Una gestión eficiente de los documentos laborales es crucial para cualquier empresa. Además de cumplir con sus obligaciones fiscales y legales, las empresas deben garantizar que su documentación esté organizada y disponible cuando se necesite, de acuerdo con la naturaleza de su actividad. Pero ¿cuánto tiempo deben conservar los documentos laborales? Aquí te lo explicamos.
Plazos generales para la conservación de documentos
Según el Art. 74° del Código de Comercio, las empresas deben conservar la correspondencia mercantil y la documentación contable requerida por la naturaleza del negocio. El artículo 85° del mismo Código establece que los libros y registros contables, así como los comprobantes, que incluyen facturas, recibos y otros documentos de respaldo deben conservarse durante un periodo de cinco años, contados desde la última anotación realizada en ellos o desde la fecha en que estos fueron emitidos, según aplique.
Conservación de documentos laborales
En consecuencia, la información contable relacionada con el registro de trabajadores, que puede incluir datos sobre salarios, beneficios, horas trabajadas y otros aspectos laborales, debe ser preservada conforme a este lineamiento general, esto es, conservarlo durante la relación laboral y hasta por cinco años posterior a la terminación laboral. Esto asegura que, en caso de una revisión por parte de autoridades tributarias o laborales o ante un litigio, la empresa pueda proporcionar la documentación necesaria de manera oportuna y precisa.
Dicho plazo es sin perjuicio de que alguna normativa especial fije un plazo diferente, tal como es el caso de los documentos relacionados con la salud de los trabajadores, que se desarrolla más adelante.
Documentos Laborales Específicos que se deben conservar
Es fundamental mantener los siguientes documentos relacionados con la relación laboral entre la empresa y sus trabajadores:
Contratos de trabajo: Formalizan el acuerdo laboral y establecen las condiciones del empleo.
Recibos de pago: de salarios, aguinaldo, horas extras, bonificaciones, subsidios de guarderías, así como cualquier otro pago salarial o extra salarial.
Entrega de herramientas de trabajo: Registros de los equipos proporcionados al trabajador de acuerdo con el tipo de funciones que cumple.
Declaración de haber leído y comprendido el reglamento interno de trabajo y otras políticas internas: Confirmación de que el trabajador ha recibido y entendido las normas de la empresa.
Entrega de elementos de protección personal: Registros que demuestran que se han proporcionado los equipos necesarios para la seguridad del trabajador de acuerdo con el tipo de funciones que cumple.
Permisos, disfrute de vacaciones y licencias eventuales: Documentos que registran las ausencias autorizadas y otros permisos laborales.
Decisiones sobre sanciones disciplinarias: Registros de medidas disciplinarias aplicadas a los trabajadores.
Documentos del proceso de selección: Incluyen formularios de solicitud, currículums y cualquier otro documento que verifique que el candidato cumple con los requisitos y competencias necesarias para el puesto.
Regulación Adicional sobre Seguridad y Salud Ocupacional
Además de los documentos laborales generales, se debe tener en cuenta la normativa sobre Seguridad y Salud Ocupacional, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) a través de la Resolución MTESS N° 03/2022 que dispone la obligación de conservar los registros relacionados con la seguridad en el trabajo.
Esta disposición abarca todos los documentos vinculados con la historia clínica de los trabajadores, los cuales incluyen comunicaciones, certificados, los exámenes médicos admisionales y periódicos, certificados de incapacidades, análisis y estudios de enfermedades y cualquier otro documento relacionado con la salud laboral.
Estos registros deben conservarse por un período mínimo de diez años a partir del final de la relación laboral del trabajador. Esta medida garantiza que toda la información pertinente sobre la salud y seguridad del trabajador esté disponible en caso de ser requerida para auditorías, revisiones o cualquier otro propósito legal.
Organización y Preservación
La gestión adecuada de estos documentos no solo cumple con las obligaciones legales, sino que también protege los derechos de los trabajadores. La información debe estar claramente identificada y organizada para facilitar su acceso y verificación.
Utilizar formatos electrónicos o digitales puede ayudar a mantener los documentos legibles, organizados y protegidos contra el deterioro, la pérdida o el daño.
En resumen
Mantener una correcta conservación de los documentos laborales es esencial. La gestión de la información laboral debe ser precisa y cuidadosa. Es esencial que los datos estén claramente identificados y organizados para facilitar su acceso y verificación como evidencias. Además, debe preservarse por los plazos establecidos en la legislación vigente, asegurando su consulta precisa y veraz sobre los hechos, datos, declaraciones y registros de cada trabajador.
La conservación adecuada de estos registros no solo garantiza a las empresas el cumplimiento de las obligaciones legales, sino que también proporciona una base sólida para resolver disputas o verificaciones futuras por parte de la autoridad competente.
Este contenido tiene únicamente fines informativos generales y no debe ser considerado como asesoría legal puntual. Si precisa asesoramiento específico no dude en contactarnos.
El Instituto de Previsión Social (IPS), a través de la Resolución C.A. N° 047-014/2024 del 4 de julio de 2024 (la “Resolución”), ha aprobado la implementación de un mecanismo informático para controlar la declaración de salarios de los asegurados por parte de los empleadores.
Los puntos más relevantes de la Resolución del Consejo de Administración del IPS son los siguientes:
Aprobación e implementación del mecanismo informático, cuyos objetivos principales son:
Detectar inconsistencias en la declaración de salarios de los asegurados.
Identificar y analizar las disparidades en los aportes realizados de un mes a otro.
Detectar casos de subdeclaración de salarios de los asegurados.
Facilitar la fiscalización y auditoría de las declaraciones de los empleadores.
Garantizar la correcta recaudación de aportes al IPS.
Plazo de implementación: Las áreas técnicas involucradas tendrán un máximo de 30 días a partir de la publicación de la resolución para implementar el mecanismo.
Parámetros de control de inconsistencias, establecidos en el Anexo I, que incluyen:
Edad: 50 años.
Antigüedad o años de aportes: 10 o más años.
Base de datos de conocimientos: Implementar una base que será actualizada constantemente y contendrá información histórica y patrones de inconsistencias previas.
Disparidad de los aportes realizados de un mes a otro.
Detección de señales de alerta: Utilizar la base de datos para identificar patrones y anomalías. Inicialmente, las alertas serán verificadas manualmente.
Notificación a la patronal: Al detectarse inconsistencias en la declaración de salarios, la patronal será notificada para justificar la irregularidad observada.
Presentación de documentos:
Las patronales tendrán un plazo máximo de 30 días hábiles para presentar la documentación que acredite que no incurrieron en una irregularidad.
La Dirección de Aporte Obrero Patronal (“DAOP”) será la encargada de recibir los documentos y, basándose en los criterios jurídicos definidos por la Dirección Jurídica, realizará el análisis documental.
Si la documentación está en orden, los antecedentes serán remitidos a la DAOP para conocimiento y archivo del caso.
Si la documentación no acredita que la patronal no incurrió en un ilícito, los antecedentes serán remitidos a la Dirección Jurídica para análisis y aplicación de sanciones.
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