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El Directorio del Banco Central del Paraguay (el «BCP”), ha dictado Resolución Nro. 23 de Acta Nro. 9 de fecha 23 de febrero de 2023 (la “Resolución”), mediante la cual aprobó la Norma Reglamentaria de Tasas de Interés, la cual modifica cuestiones particulares de la anterior Norma Reglamentaria de Tasas de Interés, y entra en vigor el 1 de abril del 2023.

La Resolución, a diferencia de la anterior, incluye el concepto de un ámbito de aplicación. En ese sentido, se establece que las disposiciones de la Resolución serán aplicables a las entidades, personas físicas y jurídicas, sometidas al régimen de la Ley 861/96 “General de Banco y Financieras y otras Entidades de Créditos” y sus modificatorias, además de otros sujetos supervisados por la Superintendencia de Bancos por leyes especiales.

Otros cambios relevantes se dan en las definiciones de los términos. En la definición de “Interés” se agrega que en los depósitos bancarios, el interés se entiende como el lucro producido por el capital depositado que recibe el cliente, conforme a la modalidad de depósito estipulado. Además, los cargos ya no se encuentran dentro de la definición de “Intereses”, sino dentro de la definición de “Tasa”. También se dan cambios en las definiciones de “Tasa Nominal Anual (TAN)” y “Tasa Anual Efectiva (TAE)”, y se eliminan las definiciones de “Percepción de Intereses”, “Frecuencia” y “Entidad”.

En cuanto a la base de liquidación, la Resolución establece que los intereses se liquidarán sobre los saldos de capitales efectivamente acreditados o depositados, según la modalidad de operación convenida entre el cliente y la entidad y por el plazo efectivamente disponible del capital. En tanto que para las financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito se establece que se podrá estipular el pago de intereses sobre la deuda, los que devengarán entre las fechas de compra, proceso, vencimiento y/o fechas de facturación de los mismos.

Uno de los cambios más importantes se encuentra relacionado a los cargos autorizados por cuenta del cliente que no constituyen tasas de interés. La Resolución establece que para los créditos iguales o inferiores a 25 salarios mínimos mensuales las entidades podrán recuperar mediante el cobro de comisiones, y excluir del cálculo de las tasas de interés, los gastos administrativos que demanden el otorgamiento y la gestión por la entidad financiera, hasta el monto menor entre i) cinco (5) jornales mínimos para actividades diversas no especificadas en la Capital y (ii) el 25% del monto neto a desembolsar en el préstamo. A diferencia de la reglamentación anterior, la Resolución aumenta el porcentaje para el numeral (ii) del 15% al 25%. Además, la Resolución incluye a las operaciones que se enmarquen dentro de las características establecidas para los créditos renovados, siempre y cuando exista un nuevo desembolso que genere un aumento igual o mayor al 20% del capital de la operación anterior que está siendo renovada y no en más de dos ocasiones en un año dentro de las operaciones donde se pueden recuperar los gastos administrativos sin que formen parte del cálculo de la tasa de interés.

Finalmente, la Resolución establece cambios en la fórmula y metodología de cálculo de la Tasa Nominal Anual y la Tasa Anual Efectiva.

El Directorio del Banco Central del Paraguay (el «BCP”), a través de Resolución Nro. 3 de Acta Nro. 8 de fecha 21 de febrero de 2023 (la “Resolución”), aprobó el reglamento de Burós de Información Crediticia (“BIC”) y protección de la información personal crediticia en el marco de la Ley N° 6534/2020 de Protección de Datos Personales Crediticios (la “Ley de Protección de Datos Personales Crediticios”). Las disposiciones de la Resolución entrarán en vigor a partir del 1 de junio del 2023.

Los puntos más resaltantes de la Resolución son las disposiciones aplicables a las BIC y a los usuarios de información crediticia. Es importante notar que los usuarios de información crediticia no necesariamente son entidades reguladas por el BCP (bancos, financieras, casas de cambio u otorgantes de crédito dinerario); sin embargo, deberán cumplir con las disposiciones de la Resolución en lo referente a usuarios de información crediticia.

(i) BIC

Los BIC, que a la fecha de la Resolución presten servicios de referencias crediticias, deben presentar al BCP una solicitud de autorización para operar como BIC, adecuándose a los requisitos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales Crediticios. Dichas solicitudes deberán presentarse dentro del plazo de 30 días contados desde la publicación de la Resolución. La Resolución dispone que la Superintendencia de Bancos será la encargada de divulgar y mantener el Registro de BICs.

A partir del 1 de enero del 2024 solo podrán prestar servicios de información crediticia las sociedades habilitadas por el BCP.

a. Proceso de inscripción y requisitos para los BICs

Las sociedades que a partir de la fecha de la Resolución deseen prestar servicios de información crediticia deberán ser previamente autorizadas por el BCP. Para la apertura de un BIC se deben tener en cuenta los siguientes tres pasos:

Primer paso: Presentación de la solicitud en mesa de entrada del BCP por una persona física debidamente autorizada para ello. La solicitud debe estar firmada por los representantes legales de la sociedad. La Resolución establece los requisitos de los documentos que deben presentarse para la solicitud del registro.  

Segundo paso: Una vez recibida la solicitud, el BCP procederá a la revisión formal de la misma.

Tercer paso: Una vez emitida la resolución favorable por parte del BCP, la sociedad autorizada procederá a iniciar sus operaciones en el plazo de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la fecha de resolución de autorización. En caso de que no se cumpla con el plazo, previo informe de la Superintendencia de Bancos, se podrá declarar la revocación de la autorización para operar, no pudiendo presentar una nueva presentación en un periodo de 1 (un) año.

b. Regulación de la operativa de los BIC

La Resolución regula las siguientes cuestiones que hacen a la operativa de los BIC, entre las cuales se encuentran:

• Incompatibilidades e inhabilidades de aquellas personas que no podrán ocupar cargos en la plana ejecutiva o directiva de los BIC;
• el capital mínimo, que deberá ser integrado y aportado en efectivo al momento de la constitución, actualmente (el BCP puede aumentar el importe del capital mínimo exigido otorgando un plazo razonable de adecuación) la Resolución establece que el capital mínimo deberá ser de 400 salario mínimos y los BIC que ya se encuentran operando tendrán 12 meces para adecuar su capital;
• el derecho de acceso a los datos personales crediticios, estableciendo que titular de la información crediticia o su representante podrá acceder, gratuitamente, a la información que se encuentre registrada en las bases de datos administradas por los BIC;
• el procedimiento para ejercer el derecho a la actualización, rectificación y supresión de datos personales crediticios, estableciendo plazos máximos de respuestas de los BIC a los pedidos de los titulares;
• el derecho al olvido;
• el contenido de la información crediticia, el cual comprenderá todas las obligaciones activas y contingentes y demás obligaciones contraídas en el sector comercial o de cualquier otro tipo, salvo por la información que pueda ser considerada sensible;
• el protocolo de actuación de los BIC, que deberá ser aprobado por el BCP;
• reportes complementarios;
• el deber de confidencialidad;
• el consentimiento previo;
• el contrato de prestación de servicios de información crediticia;
• las principales obligaciones de los BIC, tales como reportar la información crediticia sin alteración o modificación alguna, rectificar la información crediticia, a pedido de la fuente o del titular de datos, mantener actualizados los datos del registro que gestiona, no tramitar ni divulgar datos que cumplan con lo dispuesto en la Resolución, conservar la información bajo las condiciones de seguridad acordes, entre otras.

Entre los puntos resaltantes que regula la Resolución, cabe mencionar el derecho al olvido. El plazo de publicación y conservación de los datos personales crediticios que pudieran afectar al titular no podrá exceder 5 años, a contar desde el incumplimiento de la obligación. Sin embargo, existen excepciones que pueden hacer que se extienda dicho plazo. Por otro lado, los datos personales crediticios que sean considerados positivos deberán publicarse y conservarse mínimamente por 10 años.

En cuanto a la seguridad de la información, la Resolución establece que los BIC deberán adoptar medidas de seguridad y control que resulten necesarias para evitar el manejo indebido de la información, incluyendo las salvaguardias administrativas, técnicas y físicas diseñadas para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información. Los BIC deberán implementar lo dispuesto en el Manual de Gobierno y Control de Tecnologías de Información (Resolución SB SG. N° 00124/2017 del Directorio del BCP).

(ii) Usuarios de información crediticia

El uso de la información es otro tema importante que reglamenta la Resolución. Como se menciona al inicio de este artículo, los usuarios de información crediticia no necesariamente son entidades reguladas por el BCP (bancos, financieras, casas de cambio u otorgantes de crédito dinerario); sin embargo, deberán cumplir con las disposiciones de la Resolución en lo referente a usuarios de información crediticia.  La Resolución define a los usuarios de información crediticia a toda persona, física o jurídica, con interés legítimo que contrata la prestación de servicios de referencias crediticias. El interés legítimo está configurado por el empleo del crédito bajo sus diversas modalidades o la intermediación para el perfeccionamiento de este tipo de operaciones, como herramienta habitual de gestión en la actividad económica desarrollada, incluidos los contratos con prestaciones diferidas que impliquen pagos periódicos de sumas de dinero por plazos determinados, así como relaciones comerciales que pudieran existir entre los usuarios y titular del derecho.

Los usuarios de información crediticia solo podrán usar el reporte de referencias crediticias como insumo informativo en el análisis crediticio. Excepcionalmente los reportes de referencias crediticias podrán ser utilizados en procesos de due diligence, en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento contra el terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. El servicio de referencias crediticias solo podrá ser prestado a las personas físicas y jurídicas que detenten la calidad de usuarios de la información crediticia, tal como se dispone en el artículo 14 de la Ley de Protección de Datos Personales Crediticios. Se prohíbe a los usuarios de información crediticia utilizar o proveer a terceros datos crediticios para que éstos sean utilizados para la toma de decisiones laborales, acceso al empleo, promoción, traslado o despido de personal. Asimismo, queda expresamente prohibido el uso de la información crediticia para negar o restringir el acceso a la medicina prepaga, así como negar o restringir al acceso a la atención médica de urgencia a cualquier persona.

Entre las obligaciones principales, además de lo mencionado en el párrafo anterior, se encuentran:

a) Proveer regularmente a todos los BIC, con los que tenga celebrado un contrato, los datos actualizados de los clientes de su cartera crediticia.

b) Utilizar la información crediticia consultada en forma confidencial y destinarla solo a la evaluación de riesgos crediticios y al proceso de debida diligencia en el conocimiento de clientes.

c) Informar a los BIC, con los que tenga celebrado un contrato, sobre la venta o cesión de carteras de crédito a empresas especializadas.

d) En caso de denegación al titular de los datos de la celebración de un contrato de crédito comercial o financiero, basado en un informe crediticio, el usuario deberá informar tal circunstancia al titular de datos, así como la de proveer el informe accedido, entregando copia de éste.

e) Informar al titular de los datos personales sobre la consulta a realizarse sobre su información crediticia, la empresa que proveerá los datos, el uso que se dará a los datos accedidos, copia del informe accedido en caso de que el titular de los datos lo requiera y los derechos que le asisten.

f) Solicitar y conservar copia física, electrónica o digital del consentimiento otorgado por el titular de datos.

g) Informar debidamente al titular de datos sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por virtud del consentimiento otorgado.

h) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

i) Garantizar que la información que se suministre al BIC sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.

j) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente a los BIC que corresponda.

k) Suministrar al BIC, según el caso, únicamente datos cuyo tratamiento esté previamente autorizado.

l) Exigir al BIC, en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular de datos.

m) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la Resolución.

n) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales Crediticios.

ñ) Informar al BIC, cuando determinada información se encuentra en discusión por parte del titular de datos, una vez se haya presentado el reclamo y no haya finalizado el trámite respectivo

o) Cumplir las instrucciones y requerimientos de obligada observancia que imparta la Superintendencia de Bancos, tratándose de usuarios de información crediticia regulados y supervisados por el BCP. Tratándose de usuarios de información crediticia que no sean regulados por el BCP deberán cumplir con las instrucciones y requerimientos de obligada observancia que imparta la Secretaría de Defensa del Consumidor (“SEDECO”).

En cuanto al consentimiento previo, la Resolución agrega que se considerará que las cláusulas contenidas en contratos de otorgamiento de crédito o de venta a plazo, que se refieren al consentimiento para aportar información, implica la autorización para aportar información tanto positiva como negativa respecto al cumplimiento de las obligaciones por parte del titular de datos. El consentimiento podrá ser revocado de forma expresa en las mismas condiciones y a título gratuito ante el usuario de información crediticia al que se le prestó el consentimiento. La revocación no generará efecto retroactivo.

(iii) Sanciones

Finalmente, la Resolución también dispone que el BCP podrá imponer sanciones a los BIC, usuarios de información crediticia, sus representantes legales y administradores, por la comisión de las infracciones listadas en la Ley de Protección de Datos Personales Crediticios. La SEDECO podrá imponer sanciones cuando las infracciones sean cometidas por los usuarios de información crediticia que no sean supervisados por el BCP. La comisión de las infracciones deberá ser probada en sumario administrativo.

Resumen Ejecutivo:

Norma	Contenido	Fecha
Decreto N° 8.878	Se aumentaron las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo (“ISC”) aplicables al tabaco, cigarrillo, esencias y productos similares.	22 de Febrero de 2023
Decreto N° 8.894	Se aumentaron los montos en USD previstos en la Ley N° 60/1990 para acceder a los beneficios fiscales adicionales de proyectos de inversión y otros.	28 de Febrero de 2023
Decreto N° 8.895	Se prorroga hasta el 30 de abril la reducción de (i) la base imponible del Impuestos al Valor Agregado (“IVA”) para ciertos bienes bajo el régimen de turismo, y de (ii) las tasas impositivas del ISC para determinados productos electrónicos.	28 de Febrero de 2023
Decreto N° 8.896	Se prorroga hasta el 31 de marzo de 2023 la vigencia de las bases imponibles especiales del ISC para Gas Oíl/Diesel Tipo III.	28 de Febrero de 2023
Resolución General N° 126	La Subsecretaría de Estado de Tributación (“SET”) dispuso medidas administrativas relacionadas con la confirmación de la presentación del registro mensual de comprobantes, establecida en la Resolución General N° 90/2021.	24 de Febrero de 2023

Más información:

► Decreto N° 8.878/2023 – Se aumentaron las tasas del ISC aplicables al tabaco, cigarrillo, esencias y similares

El Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 8.878/2023, por el cual resolvió aumentar en 2% las tasas del ISC aplicables al tabaco, cigarrillo, esencias y productos similares, al modificar el artículo 8 del anexo del Decreto N° 3.109/2019 (reglamento del ISC). Así, las nuevas tasas pasaron del 20% al 22%, quedando fijadas como sigue:

Bienes gravados	Tasa anterior	Tasa actual	Dif.
1.- Cigarrillos perfumados o elaborados con tabaco rubio egipcio o turco, virginia y similares	20%	22%	+2%
2.- Cigarrillos en general no comprendidos en el apartado anterior	20%	22%	+2%
3.- Cigarrillos de cualquier clase	20%	22%	+2%
4.- Tabaco negro o rubio, picado o en otra forma, excepto en tabaco en hojas	20%	22%	+2%
5.- Tabaco elaborado, picado, en hebra, en polvo (rapé) o en cualquier otra forma	20%	22%	+2%
6.- Esencias u otros productos del tabaco para ser calentados, vaporizados, inhalados o aspirados con cigarrillos electrónicos, vaporizados o similares	20%	22%	+2%

La disposición reseñada no tiene fecha de entrada en vigor, por lo que debió de haberlo hecho dese el 1 de marzo de 2023; es decir, al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial N° 41, en fecha 28 de febrero de 2023.

En febrero del 2022 el Poder Ejecutivo había aumentado la tasa del ISC al tabaco, cigarrillos y productos similares, pasándola del 18% al 20% por medio del Decreto N° 6.619/2022.

► Decreto N° 8.894/2023 – Se aumentaron los montos en USD para acceder a beneficios fiscales adicionales establecidos en la Ley N° 60/1990 para proyectos de inversión y otros

El Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 8.894/2023, por medio del cual, aumentó de USD 5.000.000 a USD 13.000.000 el monto original de la inversión necesaria para acceder a los beneficios fiscales adicionales previstos en la Ley N° 60/1990 y sus modificaciones. Este nuevo monto será aplicado a las solicitudes de aprobación de beneficios previstos en la referida ley para proyectos de inversión que ingresen a partir del 03 de marzo de 2023.

Los beneficios fiscales afectados por esta modificación son los siguientes: (a) exoneración del Impuesto a los Dividendos y Utilidades (“IDU”) u otro impuesto que pudiera aplicarse a la distribución de dividendos y utilidades; y, (b) exoneración al pago de intereses, del Impuesto a la Renta de los No Residentes (“INR”) y del Impuesto al Valor Agregado (“IVA”). Por otro lado, cuando el proyecto de inversión supere la nueva cifra de USD 13.000.000, debe ser elaborado por técnicos o firmas consultoras inscriptas en el Registro de Consultores del Ministerio de Industria y Comercio.

Esta modificación fue una medida presupuestaria para reducir el gasto tributario del Estado Paraguayo, realizada con base en el artículo 289 de la Ley N° 7.050/2023, que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2023. Esta ley faculta al Poder Ejecutivo a actualizar los montos consignado en la referida Ley N° 60/1990 en función a la variación del Índice de Precios al Consumo (“IPC”) publicado por el Banco Central del Paraguay (“BCP”), acumulado hasta noviembre del ejercicio fiscal 2022.

Aunque en ninguna parte de las normas citadas se indica expresamente cuál fue el año de referencia para medir la variación del IPC, existen menciones en el Decreto N° 8.894/2023 que indicarían que dicho año habría sido el 2004. Esta deducción toma fuerza si consideramos que, según el anexo estadístico del informe de inflación del BCP, el IPC a noviembre de 2022 es de 2,62 veces el IPC de diciembre de 2004, y que el monto actual de USD 13.000.000 representa 2,6 veces el monto anterior de USD 5.000.000.

► Decreto N° 8.895/2022 – Se prorroga hasta el 30 de abril la reducción de (i) la base imponible del Impuestos al Valor Agregado (“IVA”) para ciertos bienes bajo el régimen de turismo, y de (ii) las tasas impositivas del ISC para determinados productos electrónicos

El Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 8895/2023, por el cual resolvió prorrogar hasta el 30 de abril de 2023 la vigencia de los siguientes Decretos:

Decretos	Disposición
1.- Decreto N° 8.048/2022	Por el cual se estableció la base imponible del 5% para la liquidación del IVA al momento de importación de bienes bajo el régimen de turismo.
2.- Decreto N° 8.782/2023	Por el cual se dispuso la modificación temporal al 0,5% de las tasas del ISC para aparatos de telefonía celular y electrodomésticos varios, mencionados en los numerales 2 y 3 del artículo 12 del anexo al Decreto N° 3.109/2019.

De acuerdo con lo dispuesto en la medida relacionada al régimen de turismo, la base imponible del IVA quedó en 5% para los bienes referidos en el anexo del Decreto N° 1.931/2019. Así, la tasa efectiva queda de la siguiente manera:

Periodo	Base Imponible	Tasa efectiva IVA 10%	Tasa efectiva IVA 5%
Hasta el 30 de abril de 2023	5%	0,5%	0,25%

Desde el 01 de mayo de 2023, la base imponible del IVA aplicable a la importación de bienes sujetos al régimen de turismo será del 15% del valor aduanero (incluidos los tributos aduaneros), de acuerdo con el Decreto N° 1.931/2019 y sus modificaciones.

Por otro lado, en lo que se refiere a la medida adoptada respecto del ISC a los aparatos electrónicos, el Poder Ejecutivo había resuelto reducir temporalmente a la mitad las tasas del ISC para los siguientes bienes:

Producto	Tasas normales	Tasas reducidas	Diferencia
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas copiadoras, hectográficas, mimeógrafos, máquinas de imprimir direcciones, máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes: aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o de grabación o reproducción de sonido o imagen incorporados, videomonitores y videoproyectores	1%	0,5%	-0,5%
Aparatos de telefonía celular y terminales portátiles	1%	0,5%	-0,5%

Desde el 01 de mayo de 2023, se aplicarán nuevamente las tasas del 1% del ISC para los aparatos de telefonía celular y electrodomésticos varios, salvo que el Poder Ejecutivo prorrogue nuevamente la vigencia de estas disposiciones.

► Decreto N° 8.896/2023 – Se prórroga hasta el 31 de marzo de 2023 la vigencia de las bases imponibles especiales del ISC para la importación del Gas Oíl/Diésel Tipo III

Por medio del Decreto N° 8.676/2023, el Poder Ejecutivo había fijado, de manera transitoria, la base imponible del ISC para la importación del Gas Oíl/Diésel Tipo III, fijándolo en ₲ 3.083,3 por litro hasta el 31 de enero de 2023. Esta disposición fue luego prorrogada hasta el 28 de febrero de 2023, por medio del Decreto N° 8.781/2023. De este modo, la referida disposición es nuevamente prorrogada hasta el 31 de marzo, por medio del Decreto N° 8.896/2023.

Así, hasta el 31 de marzo de 2023, la base imponible del Gas Oíl/Diésel Tipo III se determina en ₲ 3.083,3 por litro, según lo previsto en el Decreto N° 8.676/2023. Luego de esta fecha, la base imponible vuelve a ser de ₲ 3.777,78 por litro, previsto en el anexo del Decreto N° 3.109/19 y sus modificaciones, salvo que se prorrogue nuevamente este régimen especial.

► Resolución General N° 126/2023 – Por el cual la SET medidas administrativas respecto a la confirmación del talón de presentación del registro mensual de comprobantes establecido en la Resolución General N° 90/2021

Por medio del la Resolución General N° 126/2023, la SET dispuso que, de manera excepcional, no constituirá incumplimiento tributario la falta de confirmación del talón de presentación del registro de comprobantes correspondiente a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2023 por parte de los contribuyentes que están obligados al registro mensual de los comprobantes a través del Sistema de Gestión Tributario Marangatú. Específicamente, esta disposición afecta a la obligación tributaria bajo el código N° 955-REG. MENSUAL COMPROB.

Esto significa que la falta de confirmación del talón de presentación del registro de comprobantes dentro del periodo contemplado en la Resolución General N° 126/2023 no acarrea las consecuencias negativas de un incumplimiento ―que sean distintas de la multa por contravención―, tales como: imposibilidad de generar el certificado de cumplimiento tributario, aumento del índice de riesgo del contribuyente, etc.

Esta medida complementa a los dispuesto por la SET en la Resolución General N° 124/2023, que había establecido la misma medida, pero limitada a la falta de confirmación del talón de presentación del registro de comprobantes fiscales que corresponden al ejercicio fiscal 2022, bajo el código N° 956- REG. ANUAL COMPROB. En esta última resolución también se dispuso que, para ambos tipos de registro (anual y mensual), se exoneraba la sanción de contravención hasta el 31 de julio de 2023.

Durante el plazo de vigencia de la Resolución General N° 126/2023, la SET seguirá recibiendo el registro de comprobantes y la confirmación del talón de presentación.

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El 23 de enero de 2023, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) ha dictado la Resolución N° 66/2023 (“Resolución”) a través de la cual establece que la presentación de planillas laborales (“Planillas”)[1] correspondientes al ejercicio del año 2.022 deberá realizarse en el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 30 de abril del 2.023.

La presentación de las planillas se hará exclusivamente por medio del sistema informático del MTESS.

Las empresas que no presenten las Planillas en el plazo, orden y modalidad fijados en la Resolución serán sancionadas con multas que van de los 10 a los 30 jornales mínimos, conforme el siguiente cuadro[2]:

Jornales mínimos	Cuando la mora en la prestación sea:	Será sancionada con una multa de
10	Menos de 30 días	Apróx. G. 980.890
15	Entre 31 días y 60 días	Apróx. G. 1.471.335
20	Entre 61 días y 90 días	Apróx. G. 1.961.780
25	Entre 91 días y 120 días	Apróx. G. 2.452.225
30	Más de 120 días	Apróx. G. 2.942.670

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[1] https://www.mtess.gov.py/application/files/8516/7760/1865/Resolucion_N_66.pdf

[2] https://www.mtess.gov.py/application/files/9815/8107/5032/DECRETO9368_18.PDF

El 9 de diciembre de 2022 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley nro. 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas” (“Nueva Ley”) que el objetivo de dotar a la administración del Estado con un nuevo marco jurídico más acorde a las exigencias de mayor eficiencia, integración y transparencia de todo el sistema de compras públicas.

En ese sentido, las novedades principales de la Nueva Ley podemos mencionar:

a) Creación del Sistema Nacional de Suministro Público (“SNSP”)[1]: El SNSP introduce criterios para lograr una mayor racionalidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos; de acuerdo con la Nueva Ley, el SNSP es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos técnicas e instrumentos macro para la provisión de bienes, servicios, consultorías y obras públicas, los cuales son llevados a cabo a través de la Cadena de Suministro. El SNSP estará regulado por el Ministerio de Hacienda y bajo la responsabilidad colegiada de:

• El Ministerio de Hacienda.

• La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

• El Comité de Suministros Públicos.

• Las Unidades Operativas de Contratación (UOC) de las entidades públicas que se encuentren bajo el ámbito de aplicación de la Nueva Ley.

• Los Administradores de contratos o las Unidades de Ejecución de Proyectos de las entidades públicas que se encuentren bajo el ámbito de aplicación de la Nueva Ley. 

• Los demás responsables definidos en la reglamentación de la Nueva Ley.

b) Ministerio de Hacienda como Órgano Rector del SNSP:  Con la Nueva Ley el Ministerio de Hacienda tiene un rol preponderante en los procesos licitatorios regidos por la Nueva Ley. En ese sentido, y en su carácter de órgano rector, el Ministerio de Hacienda tendrá – entre otras – las siguientes funciones:

• Diseñar y emitir las políticas generales del SNSP orientadas a fortalecer la sostenibilidad fiscal y mejorar la calidad del gasto en las contrataciones públicas;

• Proponer los reglamentos que regulen el SNSP;

• Programar, coordinar y supervisar las etapas que componen el SNSP;

• Evaluar la adecuación de las contrataciones a las políticas y reglamentos del SNSP.

c) Creación de la Cadena Integrada de Suministro Público[2] (“Cadena de Suministro”): entendida como el proceso que rige y coordina el SNSP y las contrataciones regidas por la Nueva Ley, que permite asegurar el aprovisionamiento y la trazabilidad de los bienes y servicios adquiridos por los entes públicos, y que tiene la finalidad de lograr objetivos estratégicos y operativos de las distintas autoridades contratantes, optimizando el uso de sus recursos al mismo tiempo. La Cadena de Suministro abarca:

• Planificación de necesidades;

• Programación presupuestaria;

• Gestión de las contrataciones;

• Administración de los contratos;

• Evaluación de metas.

d) Introducción de nuevos Principios rectores (“Principios”): los Principios cambian en gran medida los paradigmas y criterios de selección de proveedores y de adjudicación de licitaciones; en ese sentido, bajo la Nueva Ley el criterio preponderante para la adjudicación deja de ser el del precio más bajo y entran a evaluarse otros aspectos de orden cualitativo, de inclusión social y de sostenibilidad ambiental. En ese sentido, es preciso mencionar algunos de los Principios más novedosos como son los de: “Valor por Dinero”, “Sostenibilidad económica, social y ambiental”, “Integración”, “Economía, Eficacia y Eficiencia”[3];

e) Posibilidad de consolidar sus adquisiciones: El objetivo de esta disposición es que a través de la consolidación de las compras las contratantes puedan obtener mejores condiciones por parte de los potenciales proveedores[4];

f) Obligatoriedad de llevar a cabo compras conjuntas[5]: Estará a cargo del Ministerio de Hacienda evaluar, sobre la base de los programas anuales de contrataciones de cada entidad contratante, cuáles bienes y servicios que deberán ser objeto de compras conjuntas. La determinación del Ministerio de Hacienda tendrá carácter vinculante y el proceso estará coordinado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

g) Inclusión de las MIPYMES: (i) Licitaciones de Menor Cuantía con un valor inferior a cinco mil (5000) jornales mínimos[6], estarán reservadas a las Mipymes; (ii) Contratación inclusiva: modalidad diseñada para oferentes domiciliados en un departamento o municipio especifico u organizaciones de dichas comunidades, dirigida exclusivamente a las Mipymes o grupos de interés vulnerable o bajo condición de protección social.

Las mencionadas más arriba constituyen las novedades más relevantes ya que contribuyen a cambiar de forma sustancial la estructura de los procesos de contratación pública en el Paraguay. Sin embargo, no son las únicas; la Nueva Ley, introduce otras novedades de menor calado, pero igualmente relevantes, tales como:

• Cambio de criterio en caso de participación de sucursales: La Nueva Ley establece que, en caso de que se presenten sucursales a los procesos licitatorios, para los fines de la adjudicación sólo serán tenidas en cuenta las capacidades, experiencias y aptitudes que la sucursal haya acumulado desde su constitución, excluyendo la utilización de las cualidades de la matriz u otras empresas afiliadas. Esta es una novedad significativa puesto que, históricamente, utilizar la experiencia de la matriz siempre ha sido un recurso muy utilizado por empresas extranjeras que desean tomar parte de procesos licitatorios nacionales.

• El Registro de Compradores Públicos: en este registro se registrarán a los funcionarios públicos que participan de las diferentes etapas de los procesos de contratación. El objetivo del registro es, por un lado, dar mayor transparencia y trazabilidad a los procesos de compras y, por el otro, hacer que sean más eficientes los procesos evitando duplicidades y/o la carga de datos de manera repetitiva.

• Simplificación de contrataciones convencionales: Se establecen dos categorías específicas para los procedimientos de contratación convencional: (a) la Licitación Pública para compras que superen cinco mil (5000) jornales mínimos; y (b) Licitación de Menor Cuantía para contrataciones que sean inferiores a cinco mil (5000) jornales mínimos. Las últimas, como hemos visto, reservadas a proveedores categorizados como MYPIMES.

• Acuerdo Internacional: modalidad dirigida a proveedores nacionales e internacionales, a fin de contar con varios proveedores para la misma prestación. Si bien se entiende que este procedimiento lo que busca es incrementar y mejorar la competitividad entre los proveedores con la finalidad de cumplir, entre otros, con el principio de valor por dinero, debemos esperar a la reglamentación de la Nueva Ley para conocer el desarrollo del procedimiento y su alcance concreto. 

• Proceso para sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado: diseñada para las sociedades anónimas bajo este régimen que actúen en competencia con el sector privado para la adquisición de bienes y servicios.

• Compras sostenibles: La Nueva Ley prevé que los procesos de contratación pública deberán ajustarse, entre otros, a criterios que responsan a políticas de compras públicas sostenibles. Al respecto se contempla que el SNSP desarrolle e implemente procesos de contratación que fomenten el desarrollo social económico y preservación ambiental. En cuyo caso serán de aplicación los principios de “valor por dinero”, “economía circular” y “compras públicas estratégicas”, asimismo, se tendrán en cuenta otros criterios a ser considerados, caso por caso, en función de las características de la licitación de que trate.

• Procesos jurídicos ante la DNCP: La Nueva Ley establece la facultad de la DNCP de rechazar denuncias o protestas de naturaleza dilatorias por manifiesta falta de fundamentos, con el objetivo de evitar demoras innecesarias en los procesos de contratación. Además, en caso que la protesta sea procedente, la Nueva Ley fija un plazo perentorio de 35 días hábiles para su resolución.

• Sanciones: La Nueva Ley faculta a la DNCP a sancionar a las personas físicas que al momento de la comisión de la infracción hayan ejercido cargos de dirección, administración, representación legal o como apoderados y también a aquellas personas o beneficiarios finales que hayan tenido participación en el capital social.

Habiendo considerado las principales novedades introducidas por la Nueva Ley, es el momento de hacer mención al hecho que la misma carece de reglamentación, esto tiene un doble efecto: (i) varios artículos de la Nueva Ley requieren de reglamentación para poder conocer su alcance real y, por ende, su aplicación práctica, por un lado; (ii) por el otro, la entrada en vigor de la Nueva Ley está supeditada a su reglamentación, por lo tanto, hasta que ello no ocurra, todos los procesos licitatorios seguirán siendo regidos por la Ley Nro. 2051/03 “De Contrataciones Públicas” (“Ley 2051”). En ese sentido, no podemos pasar por alto la inconsistencia entre lo dispuesto por el Art. 160 y el 157 de la Nueva Ley; aquel establece que “La presente Ley entrará en vigencia a partir de la publicación del decreto reglamentario.”, mientras que éste dispone “El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, dictará el Decreto reglamentario de la presente Ley dentro del plazo de 120 (cientoveinte) días a partir de su entrada en vigencia.” A nuestro entender, una correcta exegesis de ambas normas debe hacerse en el sentido de la prevalencia del Art. 160 por sobre el 157, con la obligación del ejecutivo de reglamentar la Nueva Ley dentro de 120 días. 

Si bien en la práctica las instituciones públicas siguen convocando licitaciones bajo la Ley 2051, siendo la Nueva Ley de uno de los cuerpos normativos más relevantes de nuestro ordenamiento, la Autoridad de Aplicación debe, a nuestro entender, utilizar las herramientas jurídicas disponibles para subsanar la incongruencia, ya que en caso de adjudicarse una licitación llamada bajo la Nueva Ley antes de su reglamentación, por lo tanto, de su entrada en vigor, tanto el proceso como el contrato serían nulos.

Si requiere alguna información adicional, por favor contacte con Rodolfo G. Vouga (rgvouga@vouga.com.py), Luis Marcio Torales(lmtorales@vouga.com.py), Manuel Acevedo (macevedo@vouga.com.py), Juan Manuel Ros (jros@vouga.com.py) o su contacto usual en Vouga.

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[1] Tanta es la relevancia de este aspecto que la creación del SNSP constituye el objeto de la Nueva Ley (Art. 1 de la Nueva Ley).

[2] Para mayores detalles respecto a la Cadena de Suministro ver en el Art. 6 de la Nueva Ley.

[3] Para mayores detalles respecto de estos y los demás principios rectores, ver en el Art. 4 de la Nueva Ley.

[4] Art. 31 de la Nueva Ley.

[5] Art. 32 de la Nueva Ley.

[6] Aproximadamente US$ 61.378 (TC: 7250)

Nuestro Socio Rodrigo Fernández, participó junto a nuestra colega Francisca Corti de Carey Chile, en un podcast organizado por Employment Law Alliance (ELA), la red más grande de abogados especializados en temas de Derecho Laboral, en el que tuvieron la oportunidad de conversar sobre asuntos laborales de interés, qué pasó en 2022 y qué podría ser relevante en 2023.

Si desea escuchar el podcast, haga clic en el siguiente enlace y regístrese. Una vez registrado, recibirá un correo electrónico con un enlace y una contraseña donde encontrará el episodio de Paraguay.

Resumen Ejecutivo:

Norma	Contenido	Fecha
Decreto N° 8.781	Se prorroga hasta el 28 de febrero de 2023 la vigencia de la base imponible especial del Impuesto Selectivo al Consumo (“ISC”) para la importación del Gas Oíl/Diesel Tipo III.	31 de Enero de 2023
Decreto N° 8.782	Hasta el hasta el 28 de febrero de 2023 se reducen a la mitad las tasas impositivas del ISC para determinados productos electrónicos.	31 de Enero de 2023
Resolución General N° 124	La Subsecretaría de Estado de Tributación (“SET”) establece medidas para la confirmación de la presentación del registro de comprobantes creado por la Resolución General N° 90/2021.	09 de Enero de 2023
Resolución General N° 125	La SET amplió el listado de bienes cuya exoneración tributaria puede solicitarse bajo el régimen especial aplicable a la producción de biocombustible.	10 de Enero de 2023

Más información:

► Decreto N° 8.781/2023 – Se prórroga hasta el 28 de febrero de 2023 la vigencia de la base imponible especial del ISC para la importación del Gas Oíl/Diésel Tipo III

Por medio del Decreto N° 8.676/2023 el Poder Ejecutivo había establecido hasta el 31 de enero de 2023 una base imponible especial del ISC para la importación del Gas Oíl/Diésel Tipo III, fijándolo en ₲3.083,3 por litro. Esta disposición es ahora prorrogada hasta el 28 de febrero de 2023, por medio del Decreto N° 8.781/2023.

El Decreto N° 8.676/2023 se enmarcaba en la práctica del Gobierno de fijar temporalmente bases imponibles presuntas para el Gas Oíl/Diésel Tipo III, Nafta Virgen y Nafta RON 91, cuya última iteración empezó el 4 de febrero de 2022, con el Decreto N° 6.620/2022, y concluyó el 31 de diciembre de 2022, con el Decreto N° 8.416/2022.

Así, hasta el 28 de febrero de 2023, la base imponible del Gas Oíl/Diésel Tipo III se determina según lo previsto en el Decreto N° 8.676/2023. Luego de esta fecha, la base imponible vuelve a ser de ₲3.777,78 por litro, según lo previsto en el artículo 12 del Decreto N° 3109/2019, salvo que se prorrogue nuevamente el régimen especial.

► Decreto N° 8.782/2023 – Hasta el hasta el 28 de febrero de 2023 se reducen a la mitad las tasas impositivas del ISC para determinados productos electrónicos

Por medio del Decreto N° 8.782/2023, el Poder Ejecutivo resolvió reducir temporalmente a la mitad las tasas del ISC para los siguientes bienes:

Producto	Tasas normales	Tasas reducidas
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas copiadoras, hectográficas, mimeógrafos, máquinas de imprimir direcciones, máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes: aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o de grabación o reproducción de sonido o imagen incorporados, videomonitores y videoproyectores	1%	0,5%
Aparatos de telefonía celular y terminales portátiles	1%	0,5%

Esta medida ya había sido tomada previamente, de julio a diciembre del 2020, por medio del Decreto N° 3.735/2020 (publicado en la Gaceta Oficial N° 126 de fecha 03 de julio de 2020). En caso de que esta disposición no se prorrogue, se aplicará nuevamente la tasa del 1% establecidas para este tipo de productos a partir del 01 de marzo de 2023.

► Resolución General N° 124/2023 – La SET establece medidas para la confirmación de la presentación del registro de comprobantes creado por la Resolución General N° 90/2021

La SET emitió la Resolución General N° 124/2023 (la “RG 124”) a fin de reglamentar las obligaciones vinculadas con la presentación del registro de comprobantes, regulado por la Resolución General N° 90/2021 (la “RG 90”).

La RG 124 establece que, hasta el 30 de junio de 2023, no constituye incumplimiento tributario la falta de confirmación del talón de presentación del registro de comprobantes fiscales que corresponden al ejercicio fiscal 2022. Esto quiere decir que ello no genera las consecuencias negativas de un incumplimiento ―que sean distintas de la multa por contravención―, tales como: imposibilidad de generar el certificado de cumplimiento tributario, aumento del índice de riesgo del contribuyente, etc.

Esta disposición aplica exclusivamente para el contribuyente que se encuentra obligado a registrar sus comprobantes de manera anual (bajo la obligación N° 956), por lo que sí se genera un incumplimiento tributario para aquel contribuyente que se encuentre obligado al registro de sus comprobantes de manera mensual (bajo la obligación N° 955) si no confirma el talón de presentación en plazo, con las consecuencias ya indicas.

Además, hasta el 31 de julio de 2023, la RG 124 exonera de la sanción de contravención a los contribuyentes que cuenten con la obligación de registro de comprobantes anual o mensual, que confirmen el talón de presentación de manera tardía en el Sistema de Gestión Tributaria Marangatú. Luego de esta fecha, se aplica la multa por contravención prevista para el incumplimiento de obligaciones tributarias formales.

► Resolución General N° 125/2023 – La SET amplió el listado de bienes cuya exoneración tributaria puede solicitarse bajo el régimen especial aplicable a la producción de biocombustible

Por medio de la Resolución General N° 125/2023 (la “RG 125”), la SET modificó la Resolución General N° 112/2022 (la “RG 112”), que reglamenta la forma de presentación de la exoneración tributaria aplicable para el régimen de producción de biocombustible, previsto en la Ley N° 6.389/2019 (la “Ley de Biocombustible”).

La Ley de Biocombustible establece una serie de exoneraciones aplicables a los productores de biocombustibles aptos para la utilización en motores diésel. Principalmente, estas exoneraciones aplican sobre el Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) al momento en que el biocombustible es enajenado (lo cual también está previsto en el régimen general tributario), y también al momento en que el productor realiza la compra de las materias primas e insumos para la producción del biocombustible.

A fin de determinar qué se comprende por materias primas e insumos que pueden beneficiarse con las referidas exoneraciones, la RG 112 había establecido una lista exclusiva de los bienes comprendidos dentro de dichas categorías. En este sentido, la SET amplió la definición de materias primas e insumos, a través de la RG 125, agregando adicionalmente los siguientes productos a la lista:

a) Materias primas: Aceites derivados de todas las materias primas mencionadas originalmente (excepto sebo animal), entre los cuales se incluyen soja, sésamo, tung, girasol, maíz, trigo, sorgo, algodón, maní, canola, tártago, coco, nabo forrajero, carinata, jatropha y cártamo.

b) Insumos: Ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido fórmico, etanol, ácido paratolueno sulfónico y resina iónica. Además, el término leña fue reemplazado por el de biomasa (chips de madera, aserrín, leña, cáscara de coco, cáscara o briqueta de arroz), y al ácido cítrico 50% se le eliminó este requisito de porcentaje.

Además, se agregaron dos sub-categorías más de insumos:

b.1.) Insumos consumibles en la producción: filtros, insumos y aditivos para el tratamiento de agua (sales, membranas, alguicidas y bactericidas), insumos para calderas y torres de resfriamiento, insumos para evaporador de vinaza, insumos y aditivos para planta de tratamiento de efluentes.

b.2.) Insumos de laboratorio: reactivo Karl Fischer, acetona, éter sulfúrico, éter de petróleo, alcohol isopropílico, hidróxido de sodio PA, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, helio, metanol anhidro, materiales de referencia certificados, reactivos estándar, drogas patrones, patrones de cromatografía.

Es importante recalcar que las materias primas e insumos que no están mencionados en la nueva redacción de la RG 125, no pueden beneficiarse con las referidas exoneraciones fiscales aplicables en el marco de la Ley de Biocombustible.

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Este miércoles 22 de febrero de 2023, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas publicó a través del portal de contrataciones el “Llamado DIPE N° 01/2023 Precalificación Proyecto de Inversión Pública para la Ampliación y Mejoramiento de la Ruta PY01 en el tramo Cuatro Mojones-Quiindy” (ID 1288) (el “Proyecto”). La convocatoria para el Proyecto se encuentra abierta para la precalificación de oferentes interesados, quienes podrán descargar el pliego de bases y condiciones accediendo al siguiente enlace. El plazo para la presentación de solicitudes de precalificación es hasta el 31 de mayo de 2023.

Luego de la precalificación de los oferentes interesados, se procederá con el dialogo competitivo, que consiste en una etapa en la cual los oferentes precalificados podrán realizar consultas, sugerencias y propuestas a la administración contratante para aclarar puntos de los documentos del llamado que consideren oportunos. El dialogo competitivo fue introducido a través del Decreto Reglamentario N°4183/2020 de la Ley 5102/2013 de APP con miras a dar mayor celeridad al proceso aclaratorio de los documentos del Proyecto donde los oferentes precalificados podrán adelantar cuestiones de estructuración y bancabilidad.

El Proyecto puede adoptar estructuras y financiamiento similares a aquellos utilizados en la Ruta PY02 como por ejemplo la concesión de los tramos del Proyecto.

El valor estimado del Proyecto es de aproximadamente USD 566 millones, según datos disponibles en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Para más información sobre el Proyecto o la etapa de dialogo competitivo puede visitar los siguientes enlaces: https://vouga.com.py/gobierno-de-paraguay-aprueba-proyecto-app-de-la-ruta-py01-tramo-cuatro-mojones-quiindy/ | http://snip.hacienda.gov.py/normativas/guia_dialogo_competitivo.pdf/, o contacte por favor con Rodolfo G. Vouga (rgvouga@vouga.com.py), Luis Marcio Torales(lmtorales@vouga.com.py), Juan Manuel Ros (jros@vouga.com.py) o su contacto usual en Vouga.  

La semana pasada la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (“DINAVISA”) comunicó a través de sus redes sociales, que estará intensificando los controles de los locales de venta de cigarrillos electrónicos, vapeadores, vaporeadores y otros sistemas de administración de nicotina y similares sin nicotina, y de las sustancias utilizadas para el uso de estos (“Vapeadores”)[1].

La Resolución Nº 153/21 de 11 de agosto de 2021 (“Resolución”) establece los requisitos para el registro de los Vapeadores ante la DINAVISA y, además, fija los requisitos para la habilitación de los establecimientos dedicados a la importación, exportación, elaboración, distribución y comercialización de los Vapeadores. Al respecto, la Ley Nº 6788/21 y la Resolución Nº 328/22[2] designan a la DINAVISA como autoridad sanitaria nacional responsable del cumplimiento de las disposiciones previstas en la Resolución y, en caso de incumplimiento, estará facultada a sancionar a los infractores.

Con respecto a los requisitos que deben cumplir las empresas y establecimientos que deseen comercializar Vepeadores, estos deberán contar con la habilitación del local de venta, estar inscriptas en DINAVISA y, una vez obtenido el registro y habilitación, cumplir con las disposiciones relativas a los lugares y puntos de venta de los Vapeadores, así como con la normativa respecto a la promoción y publicidad de los mismos. En ese sentido, es importante mencionar que podrán habilitarse únicamente aquellos locales que se encuentren habilitados como “comercializadoras” ante DINAVISA y que cumplan con los requisitos mínimos de infraestructura, tales como ser locales de venta exclusiva. Respecto a la promoción y publicidad, es importante recordar que estas actividades no están permitidas, a excepción de la realizada en los lugares y punto de venta habilitados, en cuyo caso deberá contener las advertencias sanitarias exigidas.

Hasta la fecha los controles de fiscalización realizados por DINAVISA han sido bastante laxos; sin embargo, con la entrada en vigor de la Resolución Nº 328/22, que otorga a DINAVISA un mayor grado de autonomía respecto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS) al tiempo que la dota de mayores recursos, tanto humanos como económicos, es posible para la institución incrementar los controles y, eventualmente, aplicar sanciones; en ese sentido, se espera que los controles con miras al cumplimiento efectivo de la Resolución intensifiquen paulatinamente a lo largo del 2023.
Las sanciones que puede aplicar DINAVISA pueden ser leves, graves o muy graves (de conformidad con lo establecido en la Resolución DNVS N° 265/22); estas van desde una amonestación, multas, decomiso y destrucción, suspensión de autorizaciones, licencia, registro o permiso, hasta la clausura temporal o definitiva del local de comercialización y la cancelación del registro sanitario.

Estaremos siguiendo de cerca los acontecimientos respecto a las tareas de fiscalización que vaya llevando a cabo la DINAVISA ya que la industria de los Vapeadores está en plena expansión en nuestro país, por lo tanto, el impacto de la medida es de alta relevancia.

Para mayor información con relación a esta operación u otros temas relacionados con Registros Sanitarios y/o Propiedad Intelectual, por favor póngase en contacto con Manuel Acevedo (macevedo@vouga.com.py), Laura Lezcano (llezcano@vouga.com.py), Stephanie Medina (smedina@vouga.com.py) y Grecia Florentín (gflorentin@vouga.com.py)

[1] Para acceder al contenido de la comunicación haz click en los siguientes enlaces:

https://www.facebook.com/104619452315666/posts/pfbid0dLXNRz4Nf2xdRPHQs3dm4f6QRm7WPDMrWueNAWUqu6zz7ecENiatxs5QZLDqDSZvl/?d=w&mibextid=qC1gEa

https://twitter.com/DINAVISApy/status/1618937479113117696

[2] Para acceder a la Resolución DINAVISA Nº 328/22 haz click aquí: https://www.mspbs.gov.py/dependencias/dnvs/adjunto/90094f-

El Poder Ejecutivo aprobó el Proyecto de Iniciativa Pública de “Ampliación y Mejoramiento de la Ruta PY01 en el tramo Cuatro Mojones – Quiindy” el pasado 30 de enero de 2023, a través del Decreto No. 8779/23 (el “Proyecto”). El Proyecto fue aprobado en el marco de la Ley No. 5102/2013 de Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública y Ampliación y Mejoramiento de los Bienes y Servicios a Cargo del Estado (“Ley APP”).

En conformidad con la Ley APP y su Decreto Reglamentario No. 4183/2020, la Unidad de Participación Público Privada de la Secretaría Técnica de Planificación y el Ministerio de Hacienda aprobaron la viabilidad del Proyecto y fue incorporado al Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (“SNIP”) con el código SNIP No. 973, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

El Proyecto busca aumentar la capacidad y mejorar el tránsito en la Ruta PY01, Tramo 4 Mojones – Quiindy que cuenta con 108 kilómetros de largo. Actualmente la Ruta PY01 sufre de volúmenes elevados de tráfico y de congestión para lo cual el Proyecto plantea no solo acomodar el aumento del tránsito estimado para los próximos 30 años, sino también funcionar como ruta alternativa que permita aliviar la congestión de otras vías. El Proyecto tiene un valor estimado de Gs. 4.140.296.573.777 (USD 566.278.813)[1] y contempla servicios tales como:

1. Movimiento de suelos, pavimentación drenaje y obras complementarias;
2. Plan de gestión ambiental, seguridad vial y manejo de tránsito;
3. Puentes y viaductos y servicios especializados;
4. Mantenimiento rutinario;
5. Adquisición de Certificados de Servicios Ambientales (expedidos por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible);
6. Preparación de pliego de bases y condiciones;
7. Contratación de la fiscalización y monitoreo de contrato;
8. Gestión y administración del Proyecto; y
9. Elaboración y aprobación del diseño final.

El llamado a licitación pública para oferentes interesados en participar del Proyecto estará disponible en los próximos días en el portal de Contrataciones Públicas. Si requiere alguna información adicional, por favor contacte con Rodolfo G. Vouga (rgvouga@vouga.com.py), Luis Marcio Torales (lmtorales@vouga.com.py), Juan Manuel Ros (jros@vouga.com.py) o su contacto usual en Vouga.

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[1] Cotización de referencia diaria del Banco Central del Paraguay: Gs. 7.311.41, vigente al 1 de febrero de 2023.